Corresponsabilidad social

Conciliación con corresponsabilidad social, es decir que las tareas de cuidado sean compartidas entre hombres y mujeres, pero también entre el Estado, el mercado y las familias, así como por la sociedad en general.

A partir de la década de los sesenta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la noción de las responsabilidades familiares, proceso que culminó con el Convenio 156 y la Recomendación 165 sobre Trabajadores con  Responsabilidades Familiares (1985). En ellos se menciona que el ejercicio pleno del derecho  al empleo implica que las responsabilidades familiares no constituyan causas de discriminación,  no obstruyan el mejoramiento de las condiciones de vida ni comprometan el acceso y la permanencia laboral. Para ello, recomienda a los Estados políticas públicas y reglamentaciones que  involucren a los hombres para una distribución más igualitaria de las responsabilidades.

Existen tres convenios que van perfilando este propósito:

Convenio 103 sobre la protección de  la maternidad, 1952
Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, 2000
Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1985

El convenio más reciente propone el hecho de que los cuidados y el desarrollo económico de una nación están imbricados, lo que incide directamente sobre el enfoque individualista-liberal que supone que cada familia o persona debe hacerse responsable en solitario de su situación. Ninguno de estos convenios ha sido ratificado por México.

La legislación y las políticas públicas orientadas a la conciliación con corresponsabilidad social que aquí se propone contribuirán además a generar trabajo decente, reducir la desigualdad socioeconómica; promover la equidad de género, y mejorar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo.

Los enfoques de género con respecto de la relaciones labores y de discriminación en nuestro país son de carácter compensatorio no conciliatorio. Es decir, conceden ciertas dádivas a un grupo de mujeres: los taxis rosas, vagones en el metro, camiones especiales, derecho a la incapacidad por maternidad, cuotas en los cargos públicos, pero en lugar de mejorar la convivencia, propician todavía más discriminación.  Pues la visión detrás de esas políticas sigue una premisa machista asumida por los hombres y las mujeres que las promueven y que suponen que las mujeres son las únicas responsables del cuidado de hijos y hogar, o que necesitan “ayudas” para desarrollarse o que las separen para que no las agredan; lo cual sabemos es falso y favorece la discriminación, y perpetúa políticas laborales que atentan contra niños, jóvenes, ancianos, enfermos, hombres y mujeres, pues en esas condiciones de segregación o distinción no hay posibilidad de conciliar y de mejorar las condiciones de toda la sociedad.

En el marco de la propuesta de Reforma Laboral (2012) no se encuentran elementos que permitan reconocer una perspectiva de corresponsabilidad social, lo cual favorece los intereses de las empresas que la promueven, pues los exonera de de ofrecer trabajo digno que favorezca el desarrollo integral de sus trabajadores que son mexicanos y mexicanas que trabajan para el sustento de sus familias ascendentes (padres, tíos, abuelos), descendientes (hijos, sobrinos) o en paralelo (hermanos, primos).